Maider Maraña – Baketik Fundazioa
Como cada año desde 1948, este 10 de diciembre activistas, gobiernos y personalidades del mundo entero volveremos a alzar la voz para defender la importancia de los derechos humanos. Cada uno de esos años en estas siete décadas hemos encontrado sobrados motivos para visibilizar que los derechos humanos son indispensables y no un elemento prescindible a la mínima. Cada año durante esas siete décadas, algún derecho estaba siendo vulnerado en algún lugar del mundo para alguna persona.
Este 2020 los derechos humanos aparecen, si cabe, como más determinantes aún. En este año que una pandemia mundial arrasó con todo plan prestablecido, nos vimos abocados a tener que lidiar y gestionar una nueva realidad para la que, lamentablemente, no habíamos comprendido que necesitábamos prepararnos. A raíz de la situación sanitaria originada por la covid-19 y su expansión a lo largo de los 5 continentes, ante los múltiples desafíos que el mundo ya enfrentaba, este se ha erguido, no solo como una realidad más que afrontar, sino como un impacto que ha condicionado de manera contundente todos los aspectos de la cotidianeidad de varios países, empezando por la movilidad y el contacto social, y siguiendo por la estructura económica y las formas de trabajo.
Gobiernos y comunidades han tenido que ir construyendo paquetes de medidas, sobre la marcha, para dar respuesta a un riesgo que (erróneamente) no teníamos articulado en nuestra carpeta de posibilidades. A menudo, este ritmo trepidante en la respuesta se centró en las consecuencias de la pandemia y parecía por momentos que nos enfrentábamos a algo “inevitable”, como si lo que estamos viviendo no fuera en realidad consecuencia de decisiones y formas de vida que venimos fomentando en las últimas décadas.
Así, por momentos, hemos vivido en una sensación de caos y de crisis, sin saber bien qué es lo que teníamos delante, ni cuáles eran los caminos para poder continuar. Y es aquí, en esta situación de crisis, que también es una crisis ética, que los derechos humanos nos ofrecen una brújula: frente a respuestas centradas en otras bases, los derechos humanos nos dotan de direcciones claras para articular y construir nuestras propuestas.
De este modo, frente a una lógica que arrasa toda realidad conocida, nuestras respuestas deberían centrarse en los principios de no-discriminación y de solidaridad, y garantizar que nuestras medidas no agravan las brechas y desigualdades ya existentes en nuestra sociedad. Este 2020, comprobamos nuevamente que no todas las personas enfrentamos estos vaivenes de la vida con las mismas herramientas y posibilidades y, por tanto, es preciso entender nuestras actuaciones desde una mirada holística, que garantice oportunidades para todas pero, especialmente, para quienes son más vulnerables hoy.
Frente a lógicas que afirman que esta crisis es global y nos impacta a todas y todos, queremos plantear que además de global y universal, esta crisis es, ante todo, específica, porque condicionará de manera determinante las vidas de algunos grupos sociales e impedirá la realización de muchos de sus derechos en el futuro. Es por tanto una crisis específica, que no nos impacta a todas por igual y que está aumentando las brechas y las capacidades resilientes de muchas personas y comunidades. Así, es determinante que, ante a la idea de que todas y todos nos enfrentamos a las consecuencias de la covid-19, recordemos que las posibilidades de que esas consecuencias nos impacten de una manera leve o rotunda tendrá mucho que ver con nuestra situación de vulnerabilidad, incluyendo nuestra situación económica o social. Esto es, la crisis nos condiciona a todos y todas, pero esta misma crisis no poda por igual las opciones futuras de cada persona.
Necesitamos por tanto cambiar la perspectiva: frente a la lógica del caos o de la búsqueda de salidas rápidas, necesitamos recuperar las bases de los derechos humanos en nuestra respuesta y defender la necesidad de mirar las consecuencias de la crisis desde ese enfoque en derechos, que nos garantiza un camino legítimo, establecido y acordado, un camino que se centra en el proceso y en la identificación de obligaciones y responsabilidades. Y que, sobre todo, nos plantea un camino de justicia.