El pasado 18 de Septiembre, en el marco del ciclo de conferencias organizadas conjuntamente entre Baketik y el Museo San Telmo, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano el programa de protección de Defensoras de Derechos Humanos que coordina CEAR Euskadi, además de escuchar el testimonio de dos mujeres que se encuentran, en este momento, acogidas en ese programa.
Verónica Álvarez García, de CEAR Euskadi explicó que muchas personas son atacadas y sufren hostigamientos en su labor de defender los derechos humanos; añadió que en ciertos países, “la impunidad de los acosadores es cada vez mayor y la justicia no responde como debería; además, los gobiernos están en connivencia con los agresores”. Ante esta realidad, el primer paso consiste en buscar protección en los propios entornos locales. Pero hay situaciones en las que no es suficiente o no es posible garantizar dicha protección y resulta necesario salir del país.
En el 2011 el Gobierno Vasco mostró un compromiso político por ayudar a esas personas, creando el programa de Protección de Defensoras de Derechos Humanos, que coordina Cear Euskadi. Actualmente hay tres personas que se han acogido al programa y su estancia en el País Vasco será de 6 meses. “Durante el tiempo en el que están aquí, desde CEAR Euskadi procuramos proporcionarles un espacio seguro para el fortalecimiento emocional, para sanarse corporal y mentalmente”.
Colombia: la lucha por la tierra
Danelly Estupiñán Valencia es miembro de las Comunidades Negras de Colombia. Su ciudad natal Bonaventura está siendo literalmente engullida por grandes puertos e infraestructuras industriales y turísticas, lo que está haciendo desaparecer, también literalmente, tierras, riquezas naturales y, por supuesto, vidas humanas. Sólo en lo que llevamos de año, han sido asesinadas 400 personas relacionadas con la defensa del territorio: “La lucha de la comunidad afrocolombiana es una lucha por los territorios ancestrales heredados, debemos cuidarlos porque son nuestro territorio de vida”. Explicaba que Bonaventura, una ciudad de 400.000 habitantes, tiene ya 4 puertos construidos; pero los grandes poderes económicos pretenden construir 14 puertos más. En un relato estremecedor, Estupiñan aclaraba: “Somos víctimas del desarrollo. Nos matan, nos torturan, nos violan porque necesitan nuestra tierra”.
La expansión portuaria, la explotación minera y el monocultivo impulsados por las políticas económicas, tienen como consecuencia inmediata los desplazamientos forzados de la población, que rondan, en los últimos años, en 25.000 personas por año; todo ello implica despojar a los habitantes de todo recurso para vivir: tierra, agua, trabajo, casa, etc. Según Estupiñan “la violencia no es el problema, la violencia es la estrategia. Los nuestros son territorios étnicos en disputa por la dinámica del capital. No hay más. El Gobierno colombiano tuvo por mucho tiempo la manta de las guerrillas, la manta de los paramilitares, ahora se está creando la manta de las disidencias y las bandas criminales. Mantas que lo tapan todo. Pero el objetivo es la guerra”. Explicaba, que el Gobierno vincula al movimiento de las Comunidades Negras con las bandas criminales, acusándolos de financiar su lucha con dinero del narcotráfico.
El protocolo de protección existente en Colombia ―constituido por dos hombres, chaleco antibalas, coche blindado, un teléfono móvil y botón del pánico―, resulta insuficiente para garantizar la vida de los defensores, y además advierten de que el Gobierno se lava las manos alegando que hizo lo que pudo. “¿Pero y si el tiro me lo pegan no dónde tengo el chaleco, sino en la cabeza?”. Por eso exigen medidas integrales y colectivas, “porque a nosotros no nos atacan por cuestiones personales, nos atacan por defender derechos colectivos”. Es por ello que, además de medidas materiales, exigen al Gobierno que adquiera compromisos políticos y jurídicos para salvaguardar la vida y los derechos de las comunidades negras colombianas.
Honduras: ¿dónde están los que no están?
“Soy sobreviviente del terror, de la década pérdida, ejercida por los escuadrones de la muerte en Honduras”. Así se presentaba Nohemí Esther Pérez Borjas, defensora de los derechos humanos a través de la organización COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras). Dicha organización se creó a raíz de las desapariciones forzadas derivadas de un programa de seguridad nacional implementada por los Estados Unidos en la década de los 80. El el contexto de los conflictos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras se convirtió en un refugio para las personas huidas. Ahí intervino Estados Unidos, hacie
ndo desaparecer a más de 200 personas, provenientes de toda Centroamérica, pero también de la propia Honduras. Uno de ellos fue Francisco Samuel Pérez, hermano de Esther, desaparecido en enero de 1982; ella apenas tenía 14 años: “no podía imaginar lo que nos venía encima; la desintegración familiar y la terrible situación de perder a un ser querido y, hasta la fecha, no saber de él”, relataba Pérez. En todos estos años han conseguido exhumar algún que otro cuerpo, pero la inmensa mayoría de los familiares no han podido recuperar los restos de sus seres queridos, “mis padres murieron esperando. Estamos en un estado al que no le interesa saber lo que ha pasado”.
El 85% de los hondureños viven en situación de pobreza, a lo que hay que sumarle el Golpe de Estado del 2009, la inestabilidad socio-política, la represión, y los múltiples asesinatos diarios. Las organizaciones defensoras de derechos humanos son cuestionadas y presionadas para que no ejerzan su lucha. Los/as defensores/as sufren las consecuencias de tener una prensa controlada y manipulada; sufren la acusación de ser financiados por el narcotráfico; sufren la impunidad de los responsables de las violaciones de derechos humanos, que optan a cargos públicos o son asesores de la dictadura.
En el 2015 se promulgó una ley para la protección los defensores, comunidades sociales y periodistas, entre otros. “Nos dan un celular y un botón del pánico, y dicen cumplir; pero también se nos controla y se nos vigila con drones, para ver cuáles son los movimientos”.
“Nosotros pedimos reparación, la indemnización es una ofensa. Nos dan dinero pero los responsables quedan sueltos en la calle”, explicaba Pérez. “También nos indigna que lleguen los observadores internacionales en los procesos electorales y no haya ningún informe a nivel internacional que denuncie lo que está pasando”.
Pérez agradecía a CEAR Euskadi su labor y al País Vasco su protección, pero decía lo siguiente: “Para mí es muy duro estar aquí y ver lo que está pasando en mi país. Ver a esos jóvenes que están muriendo en resistencia y lucha, gritando ¡Fuera dictador!, y ver cómo él ha empoderado con armas a las fuerzas armadas para matar, donde Honduras necesita escuelas, salud y vida para seguir adelante”.